INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD EN EL RECURSO DE QUEJA: UNA MIRADA DESDE EL DEBIDO PROCESO
Se han presentado múltiples requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas que regulan el recurso de queja contra árbitros. Muchos reclaman que los artículos 63 N° 1 letra c) y 545 del Código Orgánico de Tribunales infringen el derecho al recurso –y con ello el debido proceso–, pues impiden que la sentencia que resuelve el recurso de queja, dictada por jueces que habrían incurrido en falta o abuso grave, sea revisada por su superior jerárquico.
Así ocurrió, por ejemplo, en el Rol N° 17.647-26-INA. Los requirentes fueron condenados en un arbitraje y dedujeron un recurso de queja en contra del juez árbitro. Este recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones. En contra de la sentencia que rechazó el recurso de queja, dedujeron un nuevo recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema. En paralelo, recurrieron ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la inaplicabilidad de los preceptos previamente indicados. El TC declaró inadmisible el requerimiento por carecer de fundamento plausible.
El TC sostuvo un argumento que puede resultar clave para entender su visión al respecto: la mera enunciación de una infracción al “debido proceso” o al “derecho al recurso” resulta insuficiente. Es necesario un ejercicio argumentativo que permita constatar “una contradicción directa, clara y precisa entre el precepto legal aplicable al caso concreto y la Constitución” (c. 7°).
Según el TC, si bien el derecho al recurso integra el debido proceso, su invocación no basta para fundar un requerimiento de inaplicabilidad: es necesario explicar cómo la aplicación del precepto impugnado produce, en el caso concreto, una vulneración de esa garantía, considerando la naturaleza disciplinaria y extraordinaria del recurso de queja. Desde esa perspectiva, la sola disconformidad con lo resuelto o una crítica general al sistema recursivo en materia arbitral no configuran un conflicto constitucional efectivo, sino que plantean cuestiones de mera legalidad, ajenas a la inaplicabilidad.
Con todo, resulta interesante que el TC no descarte per se declarar inaplicables estos preceptos. Al fundar la inadmisibilidad en un déficit argumentativo, parece haber dejado una puerta abierta. La pregunta es si, frente a un requerimiento bien formulado, estará dispuesto a conocer el fondo y pronunciarse sobre una posible infracción al debido proceso en esta materia.
Catalina Osorio Alarcón - Asociada en Ugarte & Correa
